Norma de Argentina
LEYES Y/O DECRETOS
Ley No. 23697/1989
(B.Oficial: 25-9-1989)
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Emergencia del Estado - Suspensión Beneficios - A.A.E. y otros
Ley Nº 23.697
Poder de PolicÃa de Emergencia del Estado. Suspensión de Subsidios y Subvenciones. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Suspensión de los RegÃmenes de Promoción Industrial y Promoción Minera. Régimen de Inversiones Extranjeras. Reintegros. Reembolsos y Devolución de Tributos.
Suspensión del Régimen de Compre Nacional. Régimen Presupuestario de Emergencia. Fondos con Destino EspecÃfico. Impuesto a la Transferencia de Combustibles LÃquidos derivados del Petróleo. RegalÃas PetrolÃferas y GasÃferas. Modificación de la
Ley Nº23.664. Régimen de Compensación de Créditos y Deudas de Particulares con el Estado Nacional y Cancelación de sus Saldos Netos. Régimen de Compensación de Créditos y Deudas del Sector Público. Deuda Pública Interna. Mercado de Capitales. Empleo en la Administración Pública, Empresas y Sociedades. Indemnización por antiguedad y despido.
Sociedades Comerciales. Comercio y Abastecimiento. Operaciones Consulares. Saneamiento de Obras Sociales. Institutos y Organismos Autárquicos Nacionales. Procedimiento Impositivo. Venta de Inmuebles Innecesarios. Adecuaciones de las "Unidades de Cuenta de Seguros". Convenios Internacionales. Disposiciones Complementarias. Vigencia. Sancionada: Setiembre 1º de 1989.
Promulgada Parcialmente: Setiembre 15 de 1989.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley
CAPITULO I
Poder de policÃa de emergencia del Estado
ART. 1º. - La presente Ley pone en ejercicio el poder de policÃa de emergencia del Estado, con el fin de superar la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales que la Nación padece.
CAPITULO II
Suspensión de subsidios y subvenciones.
ART. 2º. - Suspéndese por el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas a contar desde la vigencia de esta ley, con carácter general, los subsidios, subvenciones y todo otro compromiso del mismo carácter que, directa o indirectamente, afecten los recursos del Tesoro Nacional y / o las cuentas del balance del Banco Central de la República Argentina y / o la ecuación económico financiera de las empresas de servicios públicos de cualquier naturaleza jurÃdica, en especial cuando éstas facturen tarifas o precios diferenciales.
Quedan comprendidos en esta disposición todos aquellos actos indicados precedentemente que estén otorgados por leyes especiales y toda norma legal o reglamentaria que obligue al Gobierno Nacional, como asimismo aquellos establecidos en cláusulas contractuales, pudiendo el Poder Ejecutivo Nacional en este último caso, renegociarlas.
Las excepciones a esta suspensión general sólo podrán disponerse previa acreditación objetiva de razonabilidad, por acto administrativo expreso, individual para cada caso o jurisdicción presupuestaria y fundado, dictado en Acuerdo General de Ministros.
En esos supuestos, el Poder Ejecutivo Nacional determinará la fecha a partir de la cual regirá el subsidio, pudiendo retrotraerse a la entrada en vigencia de esta Ley.
En todos los casos, los subsidios se reflejarán como gastos en el Presupuesto General de la Nación, mediante la apertura de partidas especÃficas y en la Cuenta General del Ejercicio cuando asà correspondiere.
El Poder Ejecutivo comunicará al Congreso de la Nación, dentro de los diez ( 10 ) dÃas de acordado cada subsidio, el respectivo Decreto que haya sido dictado de conformidad con lo autorizado precedentemente.
CAPITULO III
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
ART. 3º. - Créase una Comisión integrada por los señores Presidente y Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de EconomÃa del Honorable Senado de la Nación y de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Secretario de Estado de Coordinación Económica, a fin de que redacte y eleve al Poder Ejecutivo Nacional, para su remisión al Honorable Congreso de la Nación, dentro de los treinta ( 30 ) dÃas de la fecha de vigencia de esta ley, un proyecto de ley conteniendo la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que atienda a los siguientes principios, cuya enunciación no es limitativa:
a) Otorgarle la independencia funcional necesaria para cumplir su primordial misión de preservar el valor de la moneda.
b) Establecer que el Banco Central de la República Argentina no financiará, ni directa ni indirectamente, al Gobierno Nacional ni a las provincias más allá de los lÃmites que establezca la nueva Carta Orgánica.
c) Crear un sistema de garantÃas de depósitos que reemplace al actual.
A tal fin, se preverá la creación de un ente con facultades para administrar y supervisarlos riesgos que asuma.
d) Crear un ente para atender la liquidación de los activos de entidades financieras en proceso de disolución y liquidación.
e) Crear un nuevo sistema que asegure una más eficiente superintendencia sobre los bancos.
f) Informar semestralmente al Congreso de la Nación sobre la ejecución y proyección del programa monetario dentro de la polÃtica legislativa sancionada por aquél de acuerdo con sus facultades monetarias y crediticias.
g) Publicar semanalmente el Balance del Banco Central de la República.
La creación de los sistemas o entes previstos en los incisos c), d) y e) que anteceden no dará lugar a incrementos en la planta de personal.
CAPITULO IV
Suspensión de los regÃmenes de promoción industrial
ART. 4º. - La situación de emergencia referida en el artÃculo 1º de esta Ley se extiende a los regÃmenes de promoción por las leyes Nros.
19.640, 20.560, 21.608, 21.635, 22.021,
22.702,
22.973,
23.614.
ART. 5º. - Suspéndese durante el plazo citado en el artÃculo 8º el goce del cincuenta por ciento ( 50 % ) de los beneficios de carácter promocional obtenidos en virtud de los regÃmenes de promoción mencionados en el artÃculo anterior.
Dicha suspensión operará sobre los niveles porcentuales que le hubiera correspondido a cada beneficiario durante el perÃodo de suspensión establecido y se aplicará a los siguientes conceptos, según corresponda de acuerdo al régimen de que se trate:
a) Liberación o exención, según corresponda, del Impuesto al Valor Agregado que grave las ventas de materias primas o semielaboradas destinadas a proyectos industriales promovidos.
b) Liberación o exención, según corresponda, del Impuesto al Valor Agregado resultante de operaciones de las empresas beneficiarias.
c) Liberación o exención, según corresponda, del Impuesto al Valor Agregado por el monto del débito fiscal resultante de las ventas de la empresa beneficiaria.
d) Exención, deducción o reducción del Impuesto a las Ganancias, sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto.
e) Liberación o exención, según corresponda, del Impuesto al Valor Agregado que grave las ventas de bienes de uso, sus partes, repuestos y accesorios destinados a proyectos industriales promovidos.
f) Exención o reducción del Impuesto al Valor Agregado sobre las importaciones de bienes de capital, sus partes, repuestos y accesorios, salvo en aquellos casos de trámites de importación iniciados antes de la sanción de la presente ley.
g) Diferimiento de impuestos de las empresas beneficiarias.
h) Diferimiento de impuestos de los inversionistas en las empresas beneficiarias que hubiesen optado por este beneficio.
i) Exención, deducción o reducción del Impuesto a las Ganancias, sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto de los inversionistas en las empresas beneficiarias que hubiesen optado por este beneficio.
Cuando se trate de beneficiarios del régimen instituido por la
Ley 19.640, las disposiciones de la presente Ley se aplicarán sobre el Impuesto al Valor Agregado que resulte de la venta de bienes con destino al territorio continental de la Nación, con prescindencia del lugar en que fuera perfeccionado el contrato.
Cuando la venta se formalice en el territorio continental de la Nación, se considerará la liberación o exención de acuerdo al procedimiento que determine el Poder Ejecutivo Nacional.
Asimismo, en lo que respecta a las adquisiciones realizadas por los beneficiarios de la Ley Nº19.640, únicamente estarán alcanzadas por las disposiciones de la presente Ley aquellas realizadas en el territorio continental de la Nación.
ART. 6º. - Durante el perÃodo a que se refiere la suspensión dispuesta por la presente ley, los inversionistas en empresas promovidas por regÃmenes contractuales , que optaren por la franquicia de Diferimiento del pago de los impuestos, podrán hacerlo sólo hasta el cincuenta por ciento ( 50 % ) de la suma que deben abonar por este concepto.
Cuando la autoridad de aplicación que otorgó los beneficios promocionales constatara que los plazos de ejecución de los proyectos resultaren alterados en razón de la suspensión que se establece en el presente artÃculo, podrá autorizar una prórroga adicional a la contemplada en el artÃculo 57 de la
Ley Nº 23.614, por un plazo de hasta seis ( 6 ) meses.
ART. 7º. - Suspéndese por el término de ciento ochenta (180) dÃas desde la fecha de vigencia de la presente Ley la aprobación y el trámite de nuevos proyectos industriales bajo el régimen de la Ley Nº
19.640, y mantiénese la suspensión establecida en el primer párrafo del artÃculo 11 de la
Ley Nº 23.658.
ART. 8º. - Las restricciones impuestas por este CapÃtulo a los RegÃmenes de Promoción Industrial operarán de acuerdo a los perÃodos que se establecen a continuación:
a) Cuando se trate de la suspensión del goce de los beneficios establecidos en los incisos a), b), c), e), f), h), e i) del artÃculo 5º y en el inciso g) del mismo, en cuanto se refieran al Impuesto al Valor Agregado, por un perÃodo de seis ( 6 ) meses contados a partir del mes siguiente al de la publicación de la presente ley.
b) Cuando se trate de la suspensión del goce de los beneficios a que se refiere el inciso d) del artÃculo 5º asà como, en el inciso g) del mismo, en lo relacionado a los Impuestos a las Ganancias, sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto, la restricción operará para el primer ejercicio fiscal que cierre con posterioridad a la fecha de publicación de la presente ley.
Derógase la
Ley Nº 23.669
a partir del primer dÃa del mes siguiente al de la publicación de la presente ley.
ART. 9º. - A los efectos de compensar los beneficios cuyo ejercicio resultare suspendido en virtud de las normas contempladas en este CapÃtulo, se establecen las siguientes disposiciones:
a) Las empresas beneficiarias que hubieren diferido el pago de sus impuestos podrán contemplar el uso de la franquicia a la finalización de su perÃodo de beneficio, en los niveles porcentuales que resultaren suspendidos durante el perÃodo de emergencia que establece el artÃculo 8º de la presente ley.
b) Las empresas beneficiarias que gocen de los beneficios de liberación, exención o reducción de impuestos establecidos en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artÃculo 5º recibirán dentro de los noventa
( 90 ) dÃas de finalizado el plazo establecido en el artÃculo 8º, inciso a), Certificados de Crédito Fiscal por el monto equivalente a los tributos respectivamente abonados con motivo de la suspensión dispuesta en el presente CapÃtulo.
Los Certificados de Crédito Fiscal se ajustarán a las siguientes caracterÃsticas:
1º - Serán nominativos y transferibles por un único endoso a favor de sus proveedores.
2º - Se ajustarán por el Ãndice de Precios Mayoristas no Agropecuario Nacional que publica mensualmente el Instituto Nacional de EstadÃstica y Censos ( INDEC ), de acuerdo a la variación operada entre el penúltimo mes anterior al que se realice el pago de los tributos a que se refiere el párrafo anterior y el penúltimo mes anterior al de su utilización.
3º - Se destinarán al pago de los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias, sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto y de los derechos de importación y exportación de las manufacturas de origen industrial.
c) Las empresas que gocen del beneficio de la deducción en el balance impositivo de los gastos o inversiones podrán deducir en el ejercicio inmediato siguiente al de su suspensión, en forma actualizada, los importes que no hayan podido deducir en virtud de la restricción impuesta en el presente CapÃtulo.
La Autoridad de Aplicación al solo efecto del presente capÃtulo y del CapÃtulo V será el Ministerio de EconomÃa de la Nación, el que podrá delegarla en algún organismo de su jurisdicción, a cuyo cargo estará el otorgamiento y entrega de los Certificados de Crédito fiscal.
Las empresas comprendidas en los regÃmenes de promoción invocados en el artÃculo 4º de la presente no podrán efectuar despidos sin causa de su personal en relación de dependencia ( artÃculos 245 y 247 de la Ley 20.744 - t.o. 1976 ), por el plazo de suspensión de los beneficios promocionales , siendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la autoridad competente para determinar la infracción y notificar la respectiva resolución al organismo recaudador.
Durante la vigencia de la presente Ley el monto mensual de beneficios que se devenguen para el IVA de cada empresa beneficiaria, incluyendo suspendidos y no suspendidos, no podrá exceder del mayor de los siguientes lÃmites:
a) Promedio mensual del primer semestre enero / junio de 1989, actualizado por el Indice de Precios Mayoristas no Agropecuario Nacional.
b) Promedio mensual del segundo semestre julio / diciembre de 1988, actualizado por el Indice de Precios Mayoristas no Agropecuario Nacional.
ART. 10º. - Dentro de los veinte ( 20 ) dÃas de la promulgación de la presente Ley el Poder Ejecutivo Nacional elaborará y enviará al Honorable Congreso el proyecto de ley previsto por el artÃculo 8º de la Ley Nº
23.614 y sus modificaciones.
CAPITULO V
Suspensión de los regÃmenes de promoción minera
ART. 11º. - Suspéndese por el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas a partir de la vigencia de la presente Ley la aprobación de nuevos proyectos comprendidos en el régimen establecido por la Ley Nº 22.095 de Promoción Minera y en su Decreto reglamentario Nº 554 de fecha 24 de marzo de 1981.
ART. 12º. - Suspéndese durante el plazo establecido en el artÃculo 13 el goce del cincuenta por ciento
( 50 % ) de los beneficios acordados bajo el Régimen de Promoción Minera, tanto para las empresas beneficiarias como para sus inversionistas cuando corresponda.
Dicha suspensión operará sobre los niveles porcentuales que le hubiera correspondido a cada beneficiario durante el perÃodo de suspensión establecido y se aplicará a los siguientes conceptos:
a) Reducción del Impuesto al Valor Agregado resultante de la posición fiscal neta sobre productos mineros según los términos y escalas previstos en el artÃculo 11 de la Ley Nº 22.095.
b) Reducción, diferimiento y exención de los Impuestos a las Ganancias, sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto previstos en el artÃculo 17 incisos a), b), c) y d) de la Ley Nº22.095.
c) Diferimiento del pago de los impuestos de los inversionistas en las empresas beneficiarias que hubiesen optado por este beneficio ( artÃculo 18 de la Ley Nº 22.095 ).
d) Deducción del balance impositivo del Impuesto a las Ganancias correspondientes a actividades mineras de los gastos e inversiones que realicen las empresas durante el perÃodo alcanzado por la suspensión del régimen de promoción ( artÃculo 9º de la Ley Nº 22.095 )
ART. 13º. - Las restricciones impuestas por este CapÃtulo al Régimen de Promoción Minera operarán de acuerdo con los perÃodos que se establecen a continuación:
a) Cuando se trate de la suspensión del goce de los beneficios a que se refieren los incisos a), b), c) y e) del artÃculo 12, por un perÃodo de seis ( 6 ) meses contados a partir del mes siguiente al de la publicación de la presente ley.
b) Cuando se trate de la suspensión del goce de los beneficios a que se refieren los incisos b), d) y e) del artÃculo antes mencionado la restricción operará para el primer ejercicio fiscal que cierre con posterioridad a la fecha de publicación de la presente ley.
ART. 14º. - A los efectos de compensar los beneficios cuyo ejercicio resultare restringido en virtud de las normas contempladas en este CapÃtulo, se establecen las siguientes disposiciones:
a) Las empresas beneficiarias que hubieran diferido el impuesto ( artÃculo 17 inciso e) de la Ley
Nº 22.095 )podrán completar el uso de las franquicias a la finalización de su perÃodo de beneficios, en los niveles porcentuales que resultaren suspendidos durante el perÃodo de emergencia establecido en el artÃculo 13.
b) Las empresas que gocen la reducción del Impuesto al Valor Agregado ( artÃculo 11 de la Ley
Nº 22.095 ) y de los beneficios de los Impuestos a las Ganancias, sobre los Capitales y sobre el Patrimonio Neto ( artÃculo 17 incisos a) y d) de la Ley Nº 22.095 ) recibirán, dentro de los noventa ( 90 ) dÃas de finalizados los respectivos plazos establecidos en el artÃculo 13, certificados de Crédito Fiscal que tendrán las mismas caracterÃsticas, destinos y demás formalidades que los previstos en el artÃculo 9º.
c) Las empresas que gocen del beneficio de la deducción en el balance impositivo de los gastos e inversiones ( artÃculo 9º de la Ley Nº 22.095 ) podrán deducir en el ejercicio inmediato siguiente al de la suspensión los importes que no hayan podido deducir en virtud de la restricción impuesta en el presente CapÃtulo.
Asimismo, cuando la Autoridad de Aplicación que otorgó los beneficios promocionales constatare que los plazos de ejecución de los proyectos resultaren alterados en razón de la suspensión que se establece en el articulo 12, para los conceptos de los incisos c) y e), podrá autorizar una prórroga por un plazo de hasta seis ( 6 ) meses.
Las empresas comprendidas en los regÃmenes de promoción indicados en el artÃculo 11 de la presente no podrán efectuar despidos sin causa de su personal en relación de dependencia ( artÃculos 245 y 247 de la Ley Nº 20.744 - t.o. 1976 ), por el plazo de suspensión de los beneficios promocionales.
El incumplimiento de la presente disposición ocasionará durante el perÃodo establecido en el artÃculo 13, la suspensión total de los beneficios promocionales de dichos beneficios, siendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la autoridad competente para determinar la infracción y notificar la respectiva resolución al organismo recaudador.
CAPITULO VI
Régimen de Inversiones Extranjeras
ART. 15º. - Deróganse, exclusivamente, aquellas normas de la
Ley Nº 21.382
( t.o. 1980 ) y sus complementarias por las que se requiere aprobación previa del Poder Ejecutivo Nacional o de la Autoridad de Aplicación para las inversiones de capitales extranjeros en el paÃs.
Se garantizará la igualdad de tratamiento para el capital nacional y extranjero que se invierta con destino a actividades productivas en el paÃs.
ART. 16º. - Créase un Registro de Inversiones de Capitales Extranjeros cualquiera fuere su monto o su destino.
El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias que sean necesarias con el fin de facilitar la remisión de utilidades de inversiones extranjeras.
ART. 17º. - Las obligaciones contraÃdas por inversores extranjeros o por empresas receptoras de inversiones extranjeras que hubieren recibido beneficios especiales en virtud de autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el régimen vigente hasta el presente mantendrán su exigibilidad y deberán ser cumplidas en la forma y condiciones que surjan de los respectivos actos de autorización.
Si hubieren recibido beneficios especiales en virtud de autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el Régimen vigente hasta el presente mantendrán su exigibilidad y deberán ser cumplidas en la forma y condiciones que surjan de los respectivos actos de autorización.
ART. 18º. - Las solicitudes de aprobación de inversiones extranjeras en trámite por ante el Poder Ejecutivo Nacional y / o de la Autoridad de Aplicación deberán ser reintegradas a sus interesados.
ART. 19. - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a suscribir convenios, protocolos o notas reversales con gobiernos de paÃses que tuvieren instrumentos sistemas de seguros a la exportación de capitales, de modo de hacer efectivos esos regÃmenes para el caso de radicación de capitales de residentes de esos paÃses en la República Argentina, incluso con organismos financieros internacionales a los cuales la República Argentina no hubiese adherido.
CAPITULO VII
Reintegros, reembolsos y devolución de tributos
ART. 20º. - Durante el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas a partir de la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional podra disponer que el pago de los importes correspondientes a los reintegros, reembolsos o devolución de tributos pendientes de cancelación o que se devenguen durante dicho plazo, con su actualización e intereses si correspondiere, cualquiera fuere la norma que los hubiese establecido o concedido, incluida la devolución dispuesta por el artÃculo 10 del
Decreto Nº 176 / 86, se efectue mediante un Bono de Crédito que, una vez finalizada la emergencia, podrá aplicarse al pago de los Derechos de Importación o Exportación de las manufacturas de origen industrial o manufacturas de origen agropecuario.
ART. 21º. - El Bono de Crédito mencionado en el artÃculo anterior se emitirá en australes, será ajustable por el tipo de cambio aplicable alas exportaciones de manufacturas, podrá transferirse libremente y se rescatará integramente en un plazo no mayor de los dos ( 2 ) años de la fecha de su emisión.
ART. 22º. - Derógase la Ley Nº 23.668 a partir de la fecha en que comience a tener efectos el ejercicio de la facultad acordada al Poder Ejecutivo Nacional por el artÃculo 20 de la presente ley.
CAPITULO VIII
Suspensión del Régimen de Compre Nacional
ART. 23º. - Suspéndese los regÃmenes establecidos por el Decreto Ley Nº 5340 / 63 y la Ley Nº 18.875 y por toda otra norma que establezca regÃmenes asimilables.
Con relación a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios que efectuen las personas y entidades comprendidas en las disposiciones legales precedentemente suspendidas, se establecerá una preferencia en favor de la industria nacional, que en el caso de bienes será de hasta un máximo del diez por ciento ( 10 % ), porcentaje que se aplicará sobre el valor nacionalizado de los bienes importados, incluyendo aranceles.
Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer los porcentajes de preferencia aplicables para las contrataciones de obras y servicios nacionales, asà como para dictar las normas reglamentarias que permitan evitar el daño que originen ofertas en condiciones de "dumping".
El Poder Ejecutivo Nacional, dentro de los ciento ochenta ( 180 ) dÃas de vigencia de esta Ley remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de Ley sustitutivo del régimen suspendido.
La reglamentación de la presente Ley garantizará a los sectores interesados el acceso oportuno a la información que permita su participación en las contrataciones con los grados de preferencia establecidos precedentemente.
CAPITULO IX
Régimen presupuestario de emergencia
ART. 24º. - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a introducir ampliaciones en las erogaciones fijadas en los artÃculos 1º y 3º de la Ley Nº 23.659 y sus modificaciones en la medida en que ellas se originen exclusivamente en mayores erogaciones en el inciso 11º.
Personal y en todos aquellos incisos del presupuesto que estén vinculados a la atención de gastos en personal y pasividades, resultantes de la instrumentación de la polÃtica salarial y previsional que establezca el Gobierno Nacional para el presente ejercicio y aún las previsiones crediticias contenidas a tal efecto en la citada Ley.
ART. 25º. - Como consecuencia de lo establecido en el artÃculo precedente, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para ampliar, en el caso que corresponda, la necesidad de financiamiento, el financiamiento y el resultado del ejercicio estimado por los artÃculos 4º, 6º y 7º de la Ley Nº 23.659 y sus modificaciones.
Asimismo podrá alterar el monto máximo fijado por el artÃculo 14 de la citada Ley Nº 23.659 y sus modificaciones para hacer uso, transitoriamente, del crédito a que se refiere el artÃculo 42 de la Ley de Contabilidad o para realizar las operaciones de financiamiento transitorias que considere convenientes.
ART. 26º. - El Poder Ejecutivo Nacional deberá dar cuenta al Honorable Congreso Nacional en cada oportunidad en la que la comunicación por parte del Poder Ejecutivo Nacional deberá ser efectuada dentro de los treinta (30) dÃas corridos contados a partir de la fecha de vigencia de cada uno de los actos mediante los cuales se hubieren ejercido las facultades conferidas.
ART. 27º. - AutorÃzase al Poder Ejecutivo Nacional a delegar en el Intendente Municipal de la ciudad de Buenos aires y en el Gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en su ámbito y con relación a los respectivos ordenamientos legales y presupuestarios, las mismas facultades y con análogos procedimientos que por este CapÃtulo se le confieren.
CAPITULO X
Fondos con destino especÃfico
ART. 28. - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer la desafectación de la recaudación de los distintos fondos con destinos especÃficos previstos en las Leyes Nros. 15.336, 17.574, 17.597, 19.287, 20.073 y Decreto Nº 22.389/45, creador del Fondo Nacional de la EnergÃa.
El cincuenta por ciento ( 50 % ) de la recaudación mensual durante los primeros ciento ochenta
( 180 ) dÃas contados a partir de la vigencia de esta Ley y posteriormente el veinte por ciento ( 20% ) hasta el 31 de diciembre de 1990, ingresarán a Rentas Generales; el cincuenta por ciento ( 50 % ) restante de la recaudación mensual durante el perÃodo que finaliza el 31 de diciembre de 1990, se distribuirá conforme al siguiente criterio: las provincias recibirán los montos resultantes de aplicar los porcentajes que establecen las leyes respectivas y los montos que corresponden a los distintos destinos especÃficos ingresarán en un fondo único de carácter transitorio, en jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, quien queda a su vez facultado para determinar su asignación.
La desafectación de los recursos provinciales en ningún caso podra superar el cincuenta por ciento ( 50 % ) de lo que les corresponderÃa de no mediar la norma de este artÃculo.
De las sumas que ingresarán a rentas generales se destinará el equivalente de dos enteros cincuenta centésimos por ciento ( 2,50 % ) a atender compromisos del ex Fondo de Desarrollo Regional en los términos del artÃculo 18 de la Ley Nº 23.548.
ART. 29. - Los fondos provistos para afrontar los subsidios a que se refiere el artÃculo 23 de la Ley Nº 23.091, de Locaciones Urbanas, que no hubieren sido utilizados hasta el presente, serán destinados a financiar al incremento de la dieta en los programas de comedores escolares e infantiles, que tenga a su cargo el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
A tales efectos, los fondos referidos deberán ser ingresados en una cuenta especial habilitada dentro de la jurisdicción del citado Ministerio, que podrá utilizar el eventual remanente en el área de Promoción Social.
CAPITULO XI
Impuesto a la Transferencia de Combustibles LÃquidos Derivados del Petróleo.
ART. 30. - Deróganse los artÃculos 5º y 11 y sustitúyese el articulo 2º de la Ley Nº 17.597, modificada por la Ley Nº 20.073 y por la Ley Nº 20.954, por el siguiente:
"ArtÃculo 2º. - El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para fijar precios oficiales de venta de los combustibles, los que no podrán exceder de tres ( 3 ) veces el valor de la respectiva retención fijada para los productos de origen nacional, ni ser inferiores a ésta".
ART. 31º. - Incorpórase a continuación del artÃculo 9º de la Ley Nº 17.597, modificada por las Leyes Nros. 20.073 y 20.954, el siguiente:
"ArtÃculo ...: AutorÃzase al Poder Ejecutivo Nacional para establecer las formas de percepción del impuesto a los combustibles que mejor convenga a las modalidades de comercialización del producto, pudiendo incluso disponer que los importes correspondientes a la cancelación de dichos gravámenes se facturen y perciban separadamente de la retención, pero en la misma oportunidad y bajo las mismas condiciones que las empresas establezcan para esta últimas, y asimismo para establecer las normas con arreglo a las cuales deberá hacerse efectiva, en su caso, la responsabilidad personal y solidaria de las empresas públicas y privadas respecto del pago del impuesto".
CAPITULO XII
RegalÃas petrolÃferas y GasÃferas
ART. 32º. - Incorpóranse al artÃculo 1º de la Ley Nº 23.678, los siguientes párrafos:
"Para las regalÃas a liquidar correspondientes al mes de julio de 1989 y las sucesivas, el valor " Boca de Pozo " que resulte de la aplicación de la presente Ley no podrá exceder al del precio del petróleo internacional que le sirve de referencia, correspondiente al mes anterior a la liquidación ni ser inferior al ochenta por ciento ( 80 %) de dicho precio.
Dicho precio internacional será el promedio de los precios oficiales FOB de exportación por metro cúbico de los petróleos crudos " Arabian Light ", " Arabian Medium ", " Kuwait ", " TÃa Juana Light " y " Bonny Light " de la publicación Platt's Oilgram Price Report en la columna OSP de la tabla World Crude Oil Prices, expresado en dólares estadounidenses, vigentes al mes inmediato anterior al de la producción de que se trate.
Para la conversión de dicho promedio de dólares por metro cúbico a australes por metro cúbico se tomará el tipo de cambio vendedor vigente en el Banco de la Nación Argentina al cierre del último dÃa hábil inmediatamente anterior a aquel en que se liquida la regalÃa.
Para la determinación del precio de referencia del gas natural, se utilizará el setenta por ciento ( 70 % ) del valor que resulte de equiparar, a equivalencia calórica, el determinado precedentemente para el petróleo ".
ART. 33. - Incorpóranse a la Ley Nº 23.678, como artÃculos 2º y 3º, los siguientes:
"ArtÃculo 2º. - La Autoridad de Aplicación procederá a descontar del precio de referencia dispuesto por el articulo 1º los gastos incurridos por el productor para colocar el petroleo y gas natural en condiciones de comercialización.
El descuento que se establezca no podrá exceder los valores internacionales reconocidos para la comercialización en condiciones similares, siempre que no superen el cuatro por ciento ( 4 % ) del valor " Boca de Pozo " determinado en el articulo 1º.
El Poder Ejecutivo Nacional con la participación de las Provincias Productoras de Hidrocarburos modificará el Decreto Nº 1671/69 a fin de adecuarlo a lo dispuesto en este articulo. "
"ArtÃculo 3º. - Yacimientos PetrolÃferos Fiscales Sociedad del Estado u otros concesionarios liquidarán por estas obligaciones del Estado Nacional a favor de las provincias, en concepto de regalÃas de petróleo y gas natural, el doce por ciento ( 12 % ) de los valores resultantes de la aplicación de los artÃculos
precedentes.
Las provincias podrán optar y convenir con la SecretarÃa de EnergÃa el pago total o parcial en petróleo crudo, gas natural o derivados, de las regalÃas que les correspondan, los cuales tendrán libre disponibilidad para su comercialización externa o interna ".
ART. 34. - Durante los ciento ochenta ( 180 ) dÃas, a contar desde la vigencia de esta ley, para la liquidación de las regalÃas de petróleo, se tomara el ochenta por ciento ( 80 % ) del precio internacional determinado según los dispuesto en el artÃculo 1º de la Ley Nº 23.678 ( texto modificado por la presente ), y para las de gas natural el setenta por ciento ( 70 % ) del precio internacional del petróleo a valor calórico equivalente.
ART. 35º. - ModifÃcase el artÃculo 1º de la
Ley Nº 23.664, que quedará redactado de la siguiente forma:
"Articulo 1. - Las mercaderÃas que se importen o se exporten bajo los regÃmenes de destinación definitiva de importación o exportación para consumo, estén o no gravadas con derechos, y las que se importen o exporten temporariamente, abonarán en concepto de servicio de estadÃstica una tasa del tres por ciento ( 3 % ), siendo de aplicación las disposiciones de los artÃculo 762 al 766 del Código Aduanero y sus reglamentaciones.
En los casos de las destinaciones suspensivas de importación o de exportación temporarias, las operaciones ulteriores de reexportación para consumo reimportación para consumo o quedarán exentas de la tasa de estadÃstica".
CAPITULO XIV
Régimen de Compensación de Crédito y Deudas de Particulares con
el Estado Nacional y cancelación de sus saldos netos
ART. 36º. - El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer regÃmenes generales o especiales para determinar, verificar y conciliar el monto de las acreencias y deudas de particulares con el Estado Nacional, en su conjunto, y con cada una de las entidades, cualquiera fuere su naturaleza jurÃdica incluida la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al 30 de junio de 1989; proponer y concluir acuerdos y efectuar transacciones; establecer modalidades y plazos para su cancelación, aún proponiendo y aceptando refinanciaciones y novaciones de la deuda determinada, propendiendo y aceptando refinanciaciones y novaciones de la deuda determinada, propendiendo en todos los casos al saneamiento tanto del Estado como del sector privado y declarando como paso previo a cualquier acción la inmediata compensación de pleno derecho de deudas y acreencias recÃprocas, lÃquidas y exigibles entre los particulares y el sector público.
A estos efectos, se considera que el Estado Nacional y las entidades enumeradas precedentemente constituyen una misma y única unidad patrimonial, no aplicándose para este régimen los requisitos propios de la cesión de derechos y obligaciones de derecho común.
La autoridad de aplicación de este régimen será el Ministerio de EconomÃa, con participación de la Dirección General del Cuerpo de Abogados del Estado y del Banco Central de la República Argentina.
CAPITULO XV
Régimen de Compensación de Créditos y Deudas del Sector Público ART. 37º. - Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer regÃmenes generales o particulares de compensación de deudas y créditos del Tesoro Nacional, al 30 de junio de 1989, con otros entes no financieros del sector público nacional, provincial o municipal incluidos los gobiernos provinciales o municipales, y con aquellos entes en los que el Estado Nacional, Provincial o Municipal tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de la voluntad societaria, cualquiera sea la naturaleza jurÃdica de ellos, como asimismo, establecer regÃmenes de compensación para entes del sector público nacional entre sÃ, o con entes de los gobiernos provinciales.
CAPITULO XVI
Deuda Pública Interna
ART. 38º. - Confiérese fuerza de Ley a las disposiciones de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 377, del 27 de julio de 1989, y 570, del 18 de agosto de 1989, cuyos textos se incorporan como anexo al texto de la presente ley.
CAPITULO XVII
Mercado de Capitales
ART. 39º. - Deróganse con el alcance fijado en el párrafo siguiente los artÃculos 22 al 29 y 61 al 65 de la Ley Nº 20.643, sus modificatorios y complementarios.
Las personas jurÃdicas en cuyos estatutos, cartas orgánicas, contratos constitutivos o instrumentos por los que rijan su actividad se haya limitado la emisión de tÃtulos privados emitidos en serie y certificados provisionales a los concebidos como nominativos no endosables o escriturales, podrá emitirlos en el futuro o convertir los ya emitidos en tÃtulos de cualquiera de las formas que según su Ley de circulación sean admitidos por las leyes generales, sin necesidad de reformas de los precitados instrumentos.
La decisión de conversión de los ya emitidos podrá ser adoptada por la asamblea o reunión de socios con competencia para asuntos ordinarios.
Mantiénese la vigencia de las normas citadas en el párrafo primero del presente artÃculo respecto de aquellas categorÃas de personas jurÃdicas cuyo objeto o actividad afecte, a criterio del Poder Ejecutivo Nacional, el interés, la defensa o la seguridad del Estado.
ART. 40º. - Las sociedades de capital y cooperativas tendrán libertad para emitir los tÃtulos valores en serie ofertables públicamente, en los tipos y con las condiciones que ellas mismas elijan.
Se comprende en esta facultad a la denominación del tipo o clase de tÃtulos, su forma de circulación, garantÃas rescates, plazos, convertibilidad o no, derechos de los terceros portadores y cuantas más regulaciones hagan a la configuración de los derechos de las partes interesadas.
Esta facultad deberá ejercerse conforme a la Ley Nº 17.811 y demás disposiciones normativas pertinentes.
ART. 41º. - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a dictar las normas necesarias para afianzar el funcionamiento del mercado de capitales, preservando las modalidades de las operatorias propias de las bolsas y mercados de valores y las del mercado abierto, promoviendo su integración, sin afectar individualidades ni la eficacia de los deberes y responsabilidades que establece la Ley Nº 17.811, mediante sistemas eficientes de comunicaciones e informática para llevar transparencia e igualdad de oportunidades de inversión a todas las plazas del paÃs, asegurando la realidad, publicidad y registro fehaciente de las operaciones, asà como el pago de los gravámenes correspondientes, dentro de los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en nuestra Constitución Nacional.
Los emisores tendrán, en todos los casos, la libertad de elección de los mercados de negociación de sus propios tÃtulos valores.
Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a dictar las normas tendientes a eliminar las restricciones vigentes para la existencia de más de un ente cuya función sea la de recibir depósitos colectivos de tÃtulos valores públicos o privados, garantizando un régimen de competencia; y las que resulten necesarias para instrumentar la eliminación del régimen de nominatividad obligatoria de tÃtulos valores privados con oferta pública.
CAPITULO XVIII
Del empleo en la Administración Pública, Empresas y Sociedades
ART. 42º. - En el ámbito del Poder Legislativo Nacional, del Poder Judicial de la Nación, de la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economÃa mixta, servicios de cuentas especiales, banco oficiales, obras sociales y organismos o entes previsionales del sector público y todo otro ente estatal cualquiera fuere su naturaleza, no se podrá, durante el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, efectuar contrataciones o designaciones de personal que importen incrementar el gasto por ese concepto.
Los actos que asà lo dispongan serán nulos y no producirán ningún efecto. La prohibición establecida en el párrafo precedente no alcanza a aquellos organismos que cuenten con vacantes a cubrir en sus estructuras.
Las excepciones a esta norma deberán establecerse por acto administrativo expreso, individual para cada caso y fundado en la determinación objetiva de su necesidad, adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros, por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por acuerdo de los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional y en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Nación, mediante acuerdos plenarios de sus miembros.
El Poder Ejecutivo Nacional podrá reubicar al personal de los entes mencionados en el primer párrafo, a fin de obtener una mejor racionalización de los recursos humanos existentes, dentro de la zona geográfica de su residencia y escalafón en que reviste.
Análoga regulación a la prescripta en este artÃculo regirá en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
ART. 43º. - Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer en el ámbito del sector público medidas que aseguren eficiencia y productividad, entre otras, las siguientes:
a) Participación de empleados, obreros y / o usuarios en el seguimiento del desempeño de los establecimientos y entidades públicas a través de mecanismos de información y consulta.
b) Participación de empleados, obreros y usuarios en la gestión, las ganancias y la representación en los directorios de establecimientos de entidades públicas.
c) Participación de empleados, obreros y usuarios en la propiedad de establecimientos y entidades públicas, a través de cooperativas y Programas de Propiedad Participada.
ART. 44º. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo Nacional la revisión de los regÃmenes de empleo, fueren de función pública o laborales, vigentes en la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economÃa mixta, servicios de cuentas especiales, banco oficiales, obras sociales y organismos o entes previsionales del sector público y / o todo otro ente estatal cualquiera fuere su naturaleza, a efectos de corregir los factores que pudieren atentar contra los objetivos de eficiencia y productividad señalados en el articulo anterior.
A tal fin, entre otros medios, la convocatoria y / o creación de las instancias de negociación colectiva con las asociaciones gremiales de trabajadores que representan a los distintos segmentos del personal, posibilitarán acuerdos paritarios para la ejecución de lo dispuesto en este artÃculo.
ART. 45º. - Las polÃticas salariales que se instrumenten a partir del 1º de agosto de 1989, al personal de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economÃa mixta, servicios de cuentas especiales, bancos oficiales, obras sociales y organismos o entes previsionales del sector público, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se trate de personal sujeto o no al régimen de convenciones colectivas de trabajo, deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, Ãndices de precios de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categorÃa, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorÃas laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente.
En tanto lo establecido en el párrafo anterior afecte los convenios colectivos de trabajo vigentes, el sistema de remuneraciones que los reemplace será materia de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos de trabajo.
Suspéndese por el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas a partir de la vigencia de la presente ley, la vigencia de los regÃmenes legales de determinación de las remuneraciones del personal de los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación.
Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación en ejercicio de sus atribuciones, harán suya la polÃtica salarial del Poder Ejecutivo Nacional para sus empleados, dictando las resoluciones y actos que fueren pertinentes a efectos de fijar las
remuneraciones del personal.
En el plazo antes referido, los Presidentes de las Cámaras Legislativas de la Nación redactarán y someterán a ambos cuerpos los proyectos de reglamentación de un nuevo escalafón y de los convenios colectivos de trabajo. InvÃtase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a adoptar procedimientos análogos con relación a las remuneraciones del Poder Judicial de la Nación.
InvÃtase a las Provincias a dictar normas análogas a las establecidas en este artÃculo.
Las Provincias que dentro de los ciento ochenta ( 180 ) dÃas de la entrada en vigencia de esta Ley no hayan sancionado tales normas, no podrán recibir ningún tipo de aporte del Tesoro Nacional destinado, directa o indirectamente, a financiar incrementos salariales no ajustados a las normas de este artÃculo.
ART. 46.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para que, en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada disponga la baja del personal vinculado a aquélla por una relación de función o empleo público, designado sin concurso, que gozare de estabilidad y revistiere en una de las dos máximas categorÃas del respectivo escalafón, estatuto u ordenamiento vigente.
Las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional en este artÃculo serán ejercidas, en su ámbito, por el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La facultad conferida precedentemente deberá ejercerse dentro del plazo de sesenta ( 60 ) dÃas contados a partir de la vigencia de la reglamentación de esta Ley, cuando razones de servicio asà lo aconsejen, bastando la invocación de estas Ultimas como suficiente motivación para otorgar legitimidad al acto pertinente.
ART. 47.- El monto indemnizatorio que corresponda abonar por la baja dispuesta como consecuencia del ejercicio de la atribución conferida por el artÃculo anterior será de un mes de la mayor remuneración, por un ( 1 ) año de antiguedad o fracción mayor de tres ( 3 ) meses.
El monto total de la indemnización se hará efectivo en el término de los diez ( 10 ) dÃas corridos desde el momento que se dispone la baja.
CAPITULO XIX
Indemnización por antiguedad o por despido.
ART. 48.- Sustitúyese el artÃculo 245 del régimen de contrato de trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 ( t. o. 1976 ) por el siguiente:
"ArtÃculo 245.- Indemnización por antiguedad o despido.
En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalencia a un ( 1 ) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el plazo de prestación de servicio.
El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a dos ( 2 ) meses de sueldo calculados en base al sistema del párrafo anterior".
CAPITULO XX
Sociedades comerciales
ART. 49.- Durante el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas a partir de la vigencia de la presente Ley, no serán de aplicación los artÃculos 94 inciso 5 y 206 de la Ley de Sociedades Comerciales
( Ley Nº 19.550 t. o. 1984 ).
CAPITULO XXI
Comercio y Abastecimiento
ART. 50.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, por el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas desde la vigencia de la presente ley, a autorizar la importación de aquellas mercaderÃas cuyos precios superen los niveles razonables, o respecto de las cuales no exista abastecimiento suficiente para el mercado interno.
Esta facultado podrá ser ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional, no obstante las prohibiciones que al respecto contengan leyes especiales.
CAPITULO XXII
Operaciones Consulares
ART. 51.- Los actos previstos en los artÃculos 331, 333 y 334 del Reglamento Consular podrán ser realizados a opción del interesado en las oficinas consulares de la República Argentina en el exterior o en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Si se realizaren en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el arancel será abonado exclusivamente en divisas en la forma en que determine dicho Ministerio y se depositarán en la cuenta que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, quedando facultado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a transferir dichos importes en divisas a las cuentas establecidas de acuerdo con el artÃculo 1º del Decreto Ley Nº 13.113/62, sustituÃdo por el Decreto Ley Nº 464/63.
CAPITULO XXIII
Saneamiento de obras sociales
ART. 52. - Créase una Comisión de Saneamiento de Obras Sociales, integrada por un representante del Ministerio de Salud y Acción Social, uno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, uno del Ministerio de EconomÃa, uno de la ANSSAL y uno de las Obras Sociales provinciales, a los efectos de la aplicación de las normas del presente CapÃtulo.
ART. 53. - El Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar a los agentes del Seguro Nacional de Salud y las Obras Sociales provinciales los financiamientos necesarios para atender los pasivos originados, directamente, en sus prestaciones médico asistenciales o destinados a la subsistencia de sus afiliados que registrare al 31 de julio de 1989, que no se encontraren prescriptos.
ART. 54. - A los efectos de lo dispuesto en el artÃculo anterior, los agentes del Seguro Nacional de Salud deberán presentar una Solicitud debidamente fundada ante la Comisión creada por el artÃculo 52, la que por resolución determinará la procedencia o no de los recursos solicitados.
ART. 55. - El Poder Ejecutivo Nacional, una vez acordados los financiamientos solicitados, los asignará en hasta veinticuatro ( 24 ) cuotas trimestrales, requiriendo en oportunidad de cada pago la conformidad de la Comisión creada por el artÃculo 52, la que efectuará el control de la aplicación de aquéllos.
CAPITULO XXIV
Institutos y Organismos Autárquicos Nacionales
ART. 56. - Los Presidentes o máxima autoridad ejecutiva de los Institutos y organismos autárquicos nacional no financieros, cuyas funciones tengan incidencia directa o indirecta en la actividad comercial o industrial nacional, deberán proponer al Consejo Directivo u órgano de administración correspondiente las medidas que estimen necesarias y convenientes para mejorar la eficiencia y eficacia de las prestaciones y cometidos asignados al organismo.
Será también competencia exclusiva de los Presidentes o máxima autoridad ejecutiva de los Institutos y organismos autárquicos, nacionales indicados, designar, trasladar, promover y remover a su personal.
ART. 57. - Los agentes que ejerzan el control de la actividad económica respectiva, cualquiera sea la denominación técnica del cargo, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser argentino, mayor de edad.
b) Poseer idoneidad o el tÃtulo habilitante especÃfico que determine la reglamentación pertinente.
El desempeño de estas funciones será incompatible con el ejercicio de actividades de cualquier naturaleza vinculadas directa o indirectamente con la industria o comercio respecto de la cual ejerza su función, resultándoles aplicables también las prohibiciones e incompatibilidades que establece la ley Nº 22.140 para el personal de la Administración Pública Nacional.
ART. 58. - Derógase el inciso h) del artÃculo 8º de la Ley Nº 14.878
CAPITULO XXV
Procedimiento impositivo
ART. 59. - ModifÃcase la Ley Nº 11.683
(t.o. 1978) y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a) Incorpóranse a continuación del primer párrafo del artÃculo 39, los siguientes:
"La Dirección General Impositiva podrá, en los casos de contribuyentes y responsables concursados, otorgar facilidades especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a cargo de aquélla, originadas con anterioridad al auto de iniciación del concurso preventivo o auto declarativo de quiebra, estableciendo al efecto plazos y condiciones para dicho acogimiento.
Asimismo, la Dirección General Impositiva podrá volar favorablemente en las condiciones que se fijen en las propuestas judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios, por créditos quirografarios en tanto se otorgue al crédito fiscal idéntico tratamiento que al resto de las deudas quirografarias".
b) Sustitúyese el primer párrafo del articulo 111 por el siguiente:
"El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas o radios, la reducción parcial de la actualización prevista en los artÃculos 115 y siguientes, la exención total o parcial de multas, accesorios por mora, intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con todos o cualquiera de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización están a cargo de la Dirección General Impositiva, a los contribuyentes o responsables que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando en su caso la posesión o tenencia de efectos en contravención, siempre que su presentación no se produzca a raÃz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con el responsable".
c) Sustitúyese el tercer párrafo del artÃculo 115 por el siguiente:
"A los efectos indicados en el párrafo anterior, el importe en concepto de actualización más los intereses resarcitorios no podrá exceder del que resulte de aplicar al monto adeudado el doble de la tasa de interés activa de cartera general utilizada por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de crédito, sin perjuicio de la aplicación de los intereses punitorios en los casos en que proceda".
CAPITULO XXVI
Venta de inmuebles innecesarios
ART. 60. - El Poder Ejecutivo Nacional centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizados, tengan participación total o mayoritaria de capital o de la formación de las decisiones societarias, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión.
ART. 61. - A los efectos indicados en el artÃculo anterior los organismos y entidades deberán presentar, dentro del plazo de treinta ( 30 ) dÃas contados a partir de la vigencia de la presente ley la nómina de la totalidad de los inmuebles que posean y de los que se encuentren, además, en condiciones de ser vendidos y una estimación del plazo para proceder a su realización.
Igual remisión deberá realizarse con relación a los inmuebles con respecto a los cuales el Estado Nacional y sus entes descentralizados, sea locador o locatario.
ART. 62. - Sustitúyese el artÃculo 6º de la Ley Nº 22.423 por el siguiente:
"Establécese que las entidades autárquicas nacionales, empresas, sociedades del Estado, encomendarán la venta de los inmuebles a ellas afectados, que resulten innecesarios para su gestión a la SecretarÃa de Hacienda, la cual imputará los importes que recaudare por dicho concepto a los recursos de la entidad.
El régimen previsto en el presente artÃculo será de aplicación optativa para aquellas entidades que posean por sus estatutos capacidad para la realización de enajenaciones inmobiliarias.
Con carácter previo a toda tramitación tendiente a la adquisición de inmuebles, los mencionados organismos deberán requerir información a la SecretarÃa de Hacienda sobre la existencia de inmuebles disponibles".
CAPITULO XXVII
Adecuaciones de las "Unidades de Cuenta de Seguro "
ART. 63. - Las obligaciones emergentes de los contratos de seguros, emitidos en " Unidades de Cuenta de Seguro " ( UCS ) se regirán durante el plazo de ciento ochenta ( 180 ) dÃas contados a partir de la vigencia de la presente ley, por la metodologÃa de cálculo que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación para establecer el valor de dichas unidades.
Asimismo, en los juicios de contenido patrimonial derivados de Contratos de Seguros en los que tengan intervención entidades aseguradoras, para la actualización correspondiente a los meses de junio y julio de 1989, se aplicarán exclusivamente los porcentajes de ajuste que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación para los meses de agosto y setiembre de 1989 referidos al sistema de UCS.
Durante el plazo establecido en la primera parte de este artÃculo, el porcentaje de actualización de la indemnizaciones judiciales no podrá exceder los porcentajes que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación para el referido sistema.
CAPITULO XXVIII
Régimen Penal Tributario y Previsional
ART. 64. - Será reprimido con prisión de quince ( 15 ) dÃas a un ( 1 ) año el que no se inscriba como contribuyente, o como obligado al pago de aportes o contribuciones al sistema nacional de previsión social, si por la gran magnitud de sus operaciones, de sus beneficios o de su patrimonio estuviera indudablemente obligado a hacerlo.
ART. 65. - Será reprimido con prisión de quince ( 15 ) dÃas a un ( 1 ) año el contribuyente, o el obligado al pago de aportes o contribuciones al sistema nacional de previsión social, que omita en sus declaraciones juradas una fuente de ingresos, bien gravado o actividad, de gran significación, en su integridad.
ART. 66. - Será reprimido con prisión de quince ( 15 ) dÃas a un ( 1 ) año el contribuyente, o el obligado al pago de aportes o contribuciones al sistema nacional de previsión social, que lleve doble juego de libros o registros contables, comprobantes o archivos, o pretenda hacer valer documentos simulados o falsos
para justificar pasivos ficticios.
ART. 67. - Será reprimido con prisión de dos ( 2 ) a seis ( 6 ) años el agente de retención o percepción que no entregare a su debido tiempo el tributo o el aporte al sistema nacional de previsión social, en cuyo poder o custodia hubiera entrado por uno de esos tÃtulos.
ART. 68. - Será reprimido con prisión de dos ( 2 ) a seis ( 6 ) años el que simule la existencia de inversiones con el objeto de obtener franquicias o desgravaciones impositivas o articule fraudulentamente regÃmenes de promoción o de reintegros, reembolsos, recuperos, devoluciones de impuestos o subsidios de cualquier naturaleza.
ART. 69. - La expresión " proceso " del artÃculo 179, segundo párrafo, del Código Penal, es comprensiva del procedimiento administrativo destinado a la determinación de un tributo, o de una obligación debida al sistema nacional de previsión social.
ART. 70. - Será reprimido con prisión de dos ( 2 ) a seis ( 6 ) años el que con el fin de evadir total o parcialmente el pago de tributos o de aportes o contribuciones al sistema nacional de previsión social, hiciere valer ante la Autoridad de Aplicación figuras societarias o formas contractuales instrumentadas o registradas para simular relaciones o negocios, o con el mismo objeto recurra a la interposición de personas fÃsicas o jurÃdicas.
ART. 71. - Será reprimido con prisión de dos ( 2 ) a seis ( 6 ) años el contribuyente que efectúe facturaciones o valuaciones en exceso o en defecto en materia de importación o exportación.
ART. 72. - El que personalmente realizare alguno de los hechos punibles previstos en el presente CapÃtulo en representación de una persona fÃsica o jurÃdica será tenido como autor, sin perjuicio de las reglas comunes sobre autorÃa y participación criminal.
ART. 73. - Las penas previstas en este CapÃtulo se incrementarán en un tercio de su mÃnimo y de su máximo cuando el obligado desarrollare con carácter principal una actividad financiera no autorizada.
ART. 74. - La sentencia condenatoria por alguno de los delitos previstos en este CapÃtulo será publicada en un periódico de circulación general en el lugar de comisión del hecho, a costa del condenado.
ART. 75. - La comisión culposa de los hechos tipificados en este CapÃtulo sólo acarreará las sanciones que establecen las leyes tributarias o previsionales.
ART. 76. - La pena de prisión establecida por esta ley y sus accesorias en su caso serán impuestas sin perjuicio de las sanciones fiscales o previsionales previstas por la legislación vigente, las que continuarán siendo aplicadas por las autoridades administrativas competentes.
ART. 77. - Los procedimientos de determinación tributaria o previsional o de aplicación de sanciones por organismos administrativos, asà como también las resoluciones que en ellos se dicten no constituirán cuestiones prejudiciales a las querellas que se interpongan por la autoridad administrativa competente, ni a las sentencias que recaigan en los procesos establecidos en la presente ley.
ART. 78. - No se procederá a formar causa por uno de los delitos previstos en este CapÃtulo sino por querella de la autoridad administrativa encargada de la recaudación del tributo, o de la obligación con el sistema nacional de previsión social.
ART. 79. - PROCEDIMIENTO.
Si se tratare de un tributo cuya recaudación esté a cargo del Estado Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o de una obligación previsional con el sistema nacional de previsión social, la autoridad administrativa, cuando tuviere motivo bastante para presumir la comisión de uno de los delitos previstos en el presente CapÃtulo, dispondrá la verificación a que esté legalmente facultada.
Si de la verificación practicada resultare mérito bastante, emplazará personalmente al presunto responsable penal, acordándole quince ( 15 ) dÃas para que presente su descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho.
Vencido ese plazo y producida la prueba que sea pertinente, la autoridad administrativa dispondrá la promoción de querella, si correspondiere.
En caso contrario, decretará el archivo de las actuaciones o la sustanciación administrativa a que hubiere lugar.
La agregación de nuevos elementos de juicio dará lugar a la reclamación de obligaciones de contenido patrimonial, pero no hará admisible la instauración de causa criminal por los mismos hechos.
ART. 80. - Si en la oportunidad prevista en el primer párrafo del artÃculo precedente el emplazado admitiere su responsabilidad se dispondrá el archivo de las actuaciones.
Este beneficio solo será aplicable una vez y el emplazado deberá dar cumplimiento en ese acto a las obligaciones materia de la investigación, al pago de las sumas adeudadas con su actualización y accesorios y a la oblación voluntaria de una multa de igual importe, también debidamente actualizado.
Si no existieren sumas adeudadas, la multa será equivalente a cinco ( 5 ) veces el salario vital, mÃnimo y móvil al momento del pago.
ART. 81. - COMPETENCIA.
La Justicia Federal y la Justicia en lo Penal Económico, si se tratare de hechos cometidos en la Capital Federal, será competente para conocer en los delitos previstos en este CapÃtulo, cuando la recaudación de los tributos esté a cargo del Estado Nacional o se trate de obligaciones con el sistema nacional de previsión social.
Si la recaudación de los tributos correspondiere a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, será competente la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Si la recaudación de los tributos correspondiere al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, será competente la Justicia Nacional de ese Territorio.
En los casos del presente articulo, los organismos a cuyo cargo esté la recaudación de los tributos o de los aportes o contribuciones al sistema nacional de previsión social, deberán asumir en el proceso la función de parte querellante, en los términos del articulo 170 del Código de Procedimientos en Materia
Penal de la Nación.
Cuando se trate de tributos cuya recaudación esté a cargo de los estados provinciales, el tramite previo a la denuncia o querella requerida por el articulo 78 será regulado por las normas provinciales, las que establecerán asimismo el órgano judicial competente en su jurisdicción.
ART. 82. - Deróganse los artÃculos 46, segundo párrafo, 47, segundo párrafo, 48, 49, 50 y 77 de la Ley
11.683 ( t.o. en 1978 y sus modificaciones ) y el artÃculo 17 de la Ley Nº 17.250 y sus modificaciones.
ART. 83. - VIGENCIA.
Las disposiciones de este CapÃtulo entrarán en vigencia el 1º de enero de 1990.
CAPITULO XXIX
Convenios Internacionales
ART. 84. - El Poder Ejecutivo Nacional centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar la instrumentación de aquellos convenios internacionales cuya inmediata aplicación coadyuven a la superación de la emergencia económica que se declare por la presente ley.
A ese efecto instrumentará los programas que atiendan prioritariamente a la superación de la emergencia social; al saneamiento, aumento de la productividad y la eficiencia del Sector Público ( centralizado y descentralizado ) y a las inversiones privadas en emprendimientos conjuntos, especialmente los dirigidos a la exportación.
ART. 85. - A los fines previstos en el artÃculo anterior facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a la creación, supresión o transformación de organismos, comisiones y / o a la transferencia de atribuciones legales en el área de la Administración centralizada y descentralizada, con excepción de lo establecido
en la Ley Nº 23.594.
ART. 86. - Exceptúase de todo impuesto, gravamen, derecho aduanero y toda otra carga fiscal a aquellas importaciones originadas en donaciones efectuadas por estados extranjeros o instituciones de derecho público extranjero en favor del Estado Nacional, de Estados provinciales, de municipalidades y de personas jurÃdicas de derecho público y de entidades o asociaciones civiles sin fines de lucro.
ExÃmense asimismo las importaciones antes mencionadas de las disposiciones en materia de reserva de cargas en favor de buques de bandera nacional.
CAPITULO XXX
Disposiciones complementarias
ART. 87. - Los plazos de ciento ochenta ( 180 ) dÃas fijados por esta ley para cada una de las medidas especÃficas dispuestas podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo Nacional por una única vez y por igual perÃodo.
ART. 88. - COMISION BICAMERAL.
Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por seis ( 6 ) Senadores y seis ( 6 ) Diputados, elegidos por sus respectivos Cuerpos, quienes establecerán su estructura interna.
Dicha comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entrele Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados, debiendo informar a los respectivos Cuerpos Legislativos sobre el proceso de emergencia económica y su evolución, conforme las disposiciones de esta ley.
Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser informada periódicamente de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele la información y la documentación pertinente a tal efecto.
Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo.
ART. 89. - Esta ley se aplicara también en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional.
ART. 90. - El Poder Ejecutivo Nacional y todos sus organismos dependientes deberán tener en cuenta en la reglamentación y aplicación de la presente ley la necesidad de no afectar los objetivos de la polÃtica de frontera establecidos en la Ley Nº 18.575.
ART. 91. - El Poder Ejecutivo Nacional deberá poner en conocimiento del Congreso de la Nación cada una de las medidas que adopten ejercicio de las facultades que se le confieren por la presente ley.
ART. 92. - Esta ley entrará en vigencia el dÃa de su publicación en el BoletÃn Oficial.
ART. 93. - Todo conflicto normativo relativo a la aplicación de la presente ley deberá resolverse en beneficio de esta última.
ART. 94. - De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL PRIMER DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.
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